Resumen: Se confirma la sentencia que condena al acusado, educador de un centro de recepción de menores, como autor de un delito de agresión sexual sobre una menor de 16 años que había estado anteriormente tutelada en dicho centro por haber tenido con ella relaciones sexuales consentidas por la menor con penetración vaginal después de que la misma hubiera sido trasladada a otro centro. Se desestima la queja del acusado recurrente por vulneración de la presunción de inocencia y error probatorio en la valoración de la testifical de la menor víctima del delito, que aparece como prueba única en que se sustenta la sentencia condenatoria de instancia. Se recuerda que la palabra de un solo testigo, sin ninguna otra prueba adicional, puede ser suficiente en abstracto para alcanzar la convicción subjetiva. Y ello incluso aunque ese testimonio único no satisfaga uno o más de los criterios orientativos de valoración establecidos por la Jurisprudencia. Se desestima también la queja de no aplicación del subtipo atenuado conocido como cláusula "Romeo y Julieta", atendiendo a la diferencia de edad de casi doce años, la distinta condición que ambos tenían (el acusado, educador de un centro tutelado de menores, y la denunciante, menor que estuvo tutelada en dicho centro) y las circunstancias en que el encuentro sexual se produjo (en un descampado y en el interior del coche del acusado, que provocaron que la menor llegara luego a la conclusión de haberse sentido "presionada", según sus propias palabras, aunque en el primer momento actuara ofuscada por una situación de enamoramiento).
Resumen: Revoca parcialmente la sentencia del Juez Penal que condena a un acusado como autor responsable de un delito de quebrantamiento de medida cautelar y rebaja la pena en aplicación del tipo básico del delito cometido. Motivos de apelación no esgrimidos en la instancia. Prohibición de la apelación per saltum. Delito de quebrantamiento de medida cautelar. Modalidad agravada por razón del parentesco entre el acusado y la persona protegida por la orden judicial que le prohíbe acercarse a ella. Exigencia de la acreditación de convivencia entre ellos para la aplicación de la modalidad agravada. Principio acusatorio y las limitaciones derivadas para la modificación de la calificación jurídica, que no operan al tratarse de una calificación homogénea y más beneficiosa para el acusado.
Resumen: Recurre el condenado la sentencia condenatoria por un delito de apropiación indebida en grado de tentativa. Declaración del representante de la empresa titular del bien: el acusado tenía conocimiento del leasing pese a lo que efectuó la venta de una máquina. Declaración del acusado. Desistimiento del art 16 CP: no concurre. Si finalmente se frustró la apropiación fue debido a las gestiones del representante de la propietaria.
Resumen: No se aplica retroactivamente la LO 10/2022 porque la pena impuesta es imponible con arreglo a la nueva ley y es proporcionada a la gravedad del hecho y circunstancias personales del autor
Resumen: El Tribunal recuerda que la declaración testifical de la víctima, en determinados casos, puede considerarse prueba de cargo suficiente para dictar una sentencia condenatoria, pero en el presente caso afirma que no puede afirmarse que la relación sexual fuera inconsentida, razón por la que dicta una sentencia absolviendo al acusado.
Resumen: Aplicación retroactiva de la LO 10/2022 al haberse modificado el mínimo legal asignado al delito, y ser más favorable al penado.
Resumen: Se solicita sea declarada la responsabilidad del letrado que asistía a la parte actora en otro procedimiento, al no haber solicitado la prórroga de la anotación preventiva de embargo trabado sobre unas fincas, que por tanto caducaron y esto, junto con la no solicitud de adjudicación de las fincas registrales en la subasta desierta, impidió que pudiera percibir el crédito que a su favor existía. El Tribunal señala que respecto de las fincas objeto de la subasta desierta, al no solicitarse la adjudicación por la ejecutante, el Juzgado debía acordar el alzamiento del embargo, como hizo y eso antes de que se produjera la caducidad y no está probado que la adjudicación de esas fincas pudiera ser rentable para la actora y respecto del resto, no consta que después de la caducidad se hubieran anotado cargas, si bien no consta que con ellas pudiera abonarse la deuda pues estaban gravadas con carga preferente por valor superior a aquel en el que fueron tasadas.
Resumen: Acción reivindicatoria sobre franja de terreno ubicada en la colindancia entre las fincas objeto de la litis. Doble inmatriculación. En primera instancia se desestima la demanda. La Audiencia Provincial confirma la sentencia apelada; concluye que la franja de terreno en discusión está incluida en ambas propiedades, y al tratarse de una doble inmatriculación, siquiera parcial, se neutraliza la protección registral que a los respectivos titulares dispensan las inscripciones contradictorias y el conflicto ha de ser resuelto con arreglo a las normas de Derecho Civil puro, excluyendo la consideración de las de índole registral, y considera que el demandante no ha acreditado la titularidad de la franja de terreno que reclama. La sala desestima el recurso de casación. En el supuesto enjuiciado, la inscripción practicada al amparo del art. 205 LH y de la que trae causa la del demandante -por tanto, ambas realizadas con anterioridad a las reformas de la legislación hipotecaria llevadas a cabo por la Ley 13/2015, de 24 de junio-, se limita a recoger la superficie como parte de la descripción de la finca, conforme al título de transmisión, esto es, como un mero dato fáctico, al que no se extiende la protección de la fe pública registral, por lo que los propietarios de ambas fincas se encuentran en la misma posición desde la perspectiva registral, lo que justifica la aplicación de la doctrina sobre la neutralización de los principios registrales invocada por la Audiencia, y, por ende, la necesidad de acudir a las reglas del Derecho Civil puro, conforme a las cuales se concluye que el actor no ha acreditado la propiedad de la franja de terreno controvertida.
Resumen: Confirma la sentencia del Juez de Instrucción que condena a tres denunciados como responsables de un delito leve de amenazas. Denunciados que, puesto de común acuerdo en la acción y en los fines, acuden al domicilio de una persona a quien advierten de que causarán un mal en las personas de sus hijos si no satisface una deuda que mantiene con su hijo. Tipo penal de amenazas. Elementos requeridos para la aparición de un delito de amenazas. Tipo penal que se realiza por el anuncio consciente de un mal futuro, injusto, determinado y posible con el único propósito de crear una intranquilidad de ánimo, inquietud o zozobra en el amenazado. Amenazas como delito leve, en atención a la menor intensidad de la amenaza proferida. Como delito eminentemente circunstancial que es, obliga a valorar el contexto y la ocasión en que se profiera la amenaza, las personas intervinientes, los actos anteriores, simultáneos y sobre todo posteriores al hecho material de la amenaza.
Resumen: Queda fuera, extramuros del ámbito casacional, una vez verificado el canon de cumplimiento de la motivación fáctica y la razonabilidad de sus conclusiones alcanzadas en la instancia, la posibilidad de que se pueda sustituir la valoración que hizo el Tribunal de instancia, ya que esa misión le corresponde a ese Tribunal en virtud del art. 741 LECrim y de la inmediación de que dispuso, inmediación que no puede servir de coartada para eximirse de la obligación de motivar.
La existencia de un recurso previo de apelación impone la exigencia de que las cuestiones que se plantean en el recurso de casación lo hayan sido antes en aquél. Dicho de otra forma, en el recurso de casación no podrán examinarse cuestiones nuevas no planteadas en la apelación cuando el recurrente pudo hacerlo
