Resumen: Se desestima el recurso del condenado contra la sentencia de la AP que, estimando el recurso del otro condenado, le absolvió del delito de lesiones por el que había sido también condenado, al concurrir la eximente del legítima defensa. En el primer motivo el recurrente sostiene un alegato de valoración de prueba con disidencia valorativa respecto a la llevada a cabo, lo cual es causa de inadmisión del motivo in limine. Se queja el recurrente de motivación de la sentencia y del vulnerar la inmediación en la práctica de la prueba, pero ello es ajeno al error iuris que es el único motivo que en esta sede casacional se puede sostener. Lo mismo sucede con su segundo motivo, por el que discute la apreciación de la legítima defensa, porque lo que incide en este motivo también está circunscrito a cuestiones relativas a la valoración probatoria. Además, en este caso no es que se haya dado viabilidad a la legítima defensa en un caso de agresiones mutuas, sino que la AP ha entendido que existe agresión ilegítima del recurrente. El Tribunal de apelación ha declarado probado, tras examinar las circunstancias de los hechos, que el otro acusado intentó defenderse de la agresión. Y no consta que hubiera un exceso extensivo o impropio. Partiendo de los hechos declarados probados la aplicación de la circunstancia eximente ha sido ajustada a derecho.
Resumen: El recurrente carece de legitimación para recurrir cuando la resolución judicial que acuerda el sobreseimiento -o la absolución- no le causa gravamen o perjuicio, como ocurre en el caso, ya que el auto de sobreseimiento recurrido no le perjudica ni siquiera en lo que atañe a la decisión accesoria relativa a denegar la deducción de testimonio para exigir responsabilidades penales frente a dos oficiales, ya que el recurrente, en su condición de investigado, fue parte pasiva del proceso, por lo que carece de legitimación para mantener pretensiones acusatorias contra quienes ni siquiera fueron parte en él, sino meros testigos. El único motivo de casación se fundamenta en infracción de ley, por lo que no es admisible, ya que no se invoca en él ningún precepto penal sustantivo, sino únicamente el art. 130, apartados 1.º y 2.º, LPM, norma que, además de tener naturaleza procesal, no puede ser infringida por el auto recurrido, ya que la incoación del correspondiente procedimiento penal corresponde, conforme a tal precepto, al juez togado, no al tribunal militar territorial. Es más, en contra de lo sostenido por el recurrente, el tribunal de instancia nunca le impidió presentar denuncia o querella ante el órgano judicial competente y mostrarse parte como acusación particular contra quien considerase responsable de un delito.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en determinar si el derecho a no declarar contra sí mismo puede ejercitarse en el período de Información reservada, previo al posible inicio de un procedimiento sancionador disciplinario.
Resumen: Delito de abuso sexual de menor con dieciséis años con prevalimiento de superioridad. La testifical de la víctima y su valor probatorio y eficacia para la condena. En la reforma operada por la LO 10/2022, equiparado punitivamente al empleo de violencia o intimidación como modalidad agravada en el art. 181.2 y 3 CP., la pena resultante sería una horquilla de diez a quince años de prisión (art. 183.1, in fine), pero al ser continuada la agresión, el marco punitivo estaría de doce años y seis meses a quince años de prisión. El umbral mínimo de doce años y seis meses sería superior a la pena impuesta, por lo que no procede aplicar la LO 10/2022, al no ser beneficiosa para el acusado.
Resumen: QUEBRANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR: el acusado fue hallado con la persona protegida en el interior de un vehículo. RECURSO DE APELACIÓN: nuevo examen de la causa con los límites debidos a la inmediación. CONTENIDO DEL DELITO: el bien jurídico es la defensa de la efectividad de las resoluciones judiciales, que se amplía a la protección de la parte que tiene la condición de víctima en el sujeto. El dolo se limita al incumplimiento, y es ajeno a la finalidad del sujeto. ERROR: tiene que ser probado, no es admisible en los casos de ilicitud notoriamente evidente y sin que que dependa del arbitrio del autor.
Resumen: La exclusión de la tipicidad de la estafa aludiendo a la autoprotección de la víctima ha sido extremadamente limitada y matizada y debe ceñirse a aquellos casos en que consta una omisión patentemente negligente de las más mínimas normas de cuidado o actuaciones claramente aventuradas y contrarias a la más mínima norma de diligencia. Los delito de estafa y extorsión son ambos denominados delitos de encuentro; donde la acción típica exige una contribución del sujeto pasivo, pero con la diferencia fundamental en la manera mediante la cual se consigue esa conducta pretendida de la víctima. En la estafa es por medio de engaño bastante, mientras que en la extorsión es mediante la violencia o la intimidación.
Resumen: Entiende el Tribunal de apelación, que la declaración inculpatoria de la víctima no se ve empañada ni desvirtuada por circunstancia espuria que la invalide, se aprecia como coherente, mantenida de manera persistente y corroborada por la sintomatología apreciada por los psicólogos, y de suficiente amplitud descriptiva, en atención a las circunstancias de tiempo y lugar de los hechos. El Tribunal de apelación concluyó la veracidad de los hechos probados en la instancia, con alguna mínima matización, y, en definitiva, la ausencia de consentimiento de la denunciante respectos a contactos sexualizados que ni aprobaba ni asumía, pero que soportaba con actitud pasiva ante la imposibilidad de enfrentarse a tal realidad en el seno de la relación familiar, lo que nos proyecta hacía un abuso sexual continuado del artículo 181.1 del Código Penal vigente a la fecha de los hechos, o de agresión sexual en la nomenclatura actual. La mayor entidad de la nueva pena deriva directamente de la aplicación de la modalidad básica del actual artículo 178.1 CP . La misma lleva aparejada pena privativa de uno a cuatro años de prisión. La continuidad delictiva del artículo 74 CP nos colocaría ante la mitad superior, y sobre la misma, la aplicación del artículo 23 como agravante, ante una pena mínima de tres años y tres meses, superior a la impuesta. A lo que se une la nueva redacción del artículo 192 CP. Por tanto, no es de aplicación la reforma de la Ley Orgánica 10/2022.
Resumen: La sentencia aborda el sistema de registro de jornada implantado por Caixabank S.A. y si este sistema reduce derechos laborales, específicamente en relación al tiempo de desayuno y la calificación de ciertas horas como extraordinarias. La controversia surgió por la Guía de registro de jornada de Caixabank, impugnada por sindicatos. El fallo, estimando parcialmente las demandas sindicales, reconoce como tiempo de trabajo efectivo las pausas de desayuno para empleados sin cargos de jefatura bajo ciertos controles horarios, pero no así los marcajes en los 15 minutos posteriores al inicio de la jornada ni la calificación de excesos de jornada como horas extraordinarias bajo ciertas condiciones. La decisión se basa en interpretar el Acuerdo Laboral de 1991, considerando inaplicables sus disposiciones sobre registro horario debido a la adopción del sistema del Acuerdo sectorial de 2019, que no modifica la jornada, horario o pausas laborales preexistentes.
Resumen: No se aprecia vulneración del principio de contradicción, al haberse unido testimonio de la totalidad de la causa de la que se derivó la presente. Intervenciones telefónicas realizadas con las debidas garantías: motivación suficiente de los autos que las acordaron y prorrogaron. Entradas y registros que no pueden considerarse irregulares. . Dispositivos de captación de sonido y geolocalización realizados con las debidas garantías, ante la existencia de indicios, racionales y fundados, basados en datos objetivos, sobre la presunta participación de los investigados en los hechos objeto de investigación, así como del uso que realizaban de los vehículos cuya sonorización se interesaba. Tráfico de heroína. No es necesaria la audición y la lectura de la transcripción de las conversaciones intervenidas, al tratarse de prueba documental admitida. Cadena de custodia en la que no se ha producido ruptura. Delito contra la salud pública, de sustancia que causa grave daño a la salud, de extraordinaria gravedad. Delito de integración en grupo criminal. Delito de tenencia ilícita de armas. Inapreciación de mera complicidad en uno de los acusados. Inaplicación de la atenuante de drogadicción y la de dilaciones indebidas.
Resumen: Se desestima el recurso del condenado por un delito de abuso sexual sobre menor de 16 años, confirmando la suficiencia de la prueba de cargo valorada, constituida por el testimonio de la víctima, debidamente corroborado. Las cuestiones a las que alude el recurrente no se refieren al núcleo de la acción y ni siquiera permiten cuestionar la solidez del relato de la menor que, en lo sustancial, siempre fue preciso y terminante relatando los abusos sufridos siempre en los mismos términos. Conviene precisar que para afirmar la credibilidad del testigo no es necesario que las distintas narraciones del hecho, producidas en momentos procesales diferentes, tenga que ser miméticas. Pueden diferir en detalles, máxime si se trata de menores de edad y su relato va referido a sucesos con un fuerte componente emocional y que se producen de improviso y en un corto espacio de tiempo. Tampoco es atendible la alegación de móviles espurios en la declaración de la menor por el hecho de que ésta, molesta con sus encuentros con el acusado manifestara que le caía mal o que le incomodaran esos encuentros. También se confirma la subsunción del hecho probado como delito de abuso sexual del art. 183.1 CP, que comprende aquellos actos de inequívoco carácter sexual, incluidos tocamientos en la zona vaginal o pectoral, idóneos para menoscabar la indemnidad sexual de las víctimas, es decir, su derecho a no verse involucradas en un contexto sexual.
